Son periodistas de TN y pusieron en riesgo la seguridad de la Casa Rosada: fueron denunciados

La tensión entre el Gobierno nacional y el periodismo sumó un nuevo capítulo que promete escalar en los próximos días. La denuncia de Casa Militar contra dos periodistas de TN por presunta filmación ilegal dentro de la Casa Rosada desató una fuerte polémica institucional, con derivaciones políticas, judiciales y mediáticas.

El hecho involucra a los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, quienes fueron acusados de haber registrado imágenes en los pasillos de la sede gubernamental sin autorización. Según el escrito presentado, la grabación habría sido realizada de manera “subrepticia”, utilizando dispositivos no visibles, lo que encendió alarmas en torno a la seguridad presidencial.

Desde Casa Militar, organismo encargado de la custodia del presidente, sostuvieron que el material difundido “puso en riesgo la seguridad nacional” y que podría haber expuesto rutinas sensibles del funcionamiento interno del Poder Ejecutivo. En ese sentido, remarcaron que la acción “se apartó groseramente de la normativa vigente”, haciendo referencia a las reglas que rigen la labor de los periodistas acreditados.

El caso no tardó en escalar a nivel político. El propio Javier Milei respaldó públicamente la denuncia y utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el periodismo. En un mensaje cargado de tensión, calificó a los involucrados como “basuras inmundas que portan credencial de periodistas”, dejando en claro su postura frente al episodio y profundizando la confrontación con ciertos sectores de la prensa.

La denuncia también apunta a posibles delitos contemplados en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de entre uno y seis años de prisión por la obtención o divulgación de secretos políticos o militares. La Justicia deberá ahora determinar si existió realmente una violación a la seguridad estatal o si se trató de una práctica periodística dentro de los márgenes habituales.

En paralelo, el documento oficial sostiene que los periodistas “se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial”, lo que agravaría la situación. Además, se cuestiona que el contenido haya sido difundido en televisión y redes sociales, amplificando su alcance.

El episodio reaviva un debate histórico en la Argentina: los límites entre la libertad de prensa y la seguridad institucional. Mientras algunos sectores respaldan la investigación y consideran que se trató de una acción irresponsable, otros advierten sobre un posible avance del poder político sobre el ejercicio periodístico.

En este contexto, el caso promete seguir generando repercusiones. La relación entre el Gobierno y los medios atraviesa uno de sus momentos más tensos, y lo ocurrido en la Casa Rosada podría marcar un punto de inflexión en ese vínculo.