Nelson Castro explotó contra Milei por una polémica decisión contra el periodismo

La tensión entre el Gobierno y el periodismo sumó un capítulo central tras la polémica decisión del presidente Javier Milei de restringir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida inédita que generó rechazo inmediato en redacciones, gremios y especialistas en libertad de expresión. Lo que comenzó como un conflicto puntual escaló rápidamente hacia una discusión profunda sobre transparencia institucional y límites democráticos.

La medida fue comunicada a los trabajadores de prensa a través de un mensaje breve y tajante: se retirarían sus huellas dactilares, utilizadas para el ingreso habitual al edificio. En los hechos, este procedimiento significa bloquear el acceso de los acreditados a un espacio fundamental para el ejercicio de su labor. El Gobierno justificó la decisión bajo la sospecha de un supuesto caso de “espionaje ilegal”, explicación que desató controversia y puso en alerta al sector mediático.

El detonante de la crisis fue la denuncia penal que desde el área de Seguridad se presentó contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos de TN, por haber registrado imágenes dentro de la Rosada durante la realización de un informe periodístico. Lo que para los profesionales fue parte de su cobertura habitual, para el Ejecutivo constituyó una falta grave.

En este clima de creciente conflictividad, la voz del reconocido periodista Nelson Castro se volvió una referencia clave. Durante su editorial en Radio Rivadavia, Castro fue categórico al repudiar el accionar presidencial. “De ahí a una denuncia penal por espionaje es una barbaridad propia del gobierno”, sentenció, señalando que incluso si existiera un debate sobre los métodos utilizados, la reacción oficial resulta desproporcionada.

Pero el conductor también se pronunció sobre la decisión más amplia y polémica: la exclusión total de la prensa del edificio gubernamental. “Quitarle las acreditaciones a todos los periodistas es un hecho inaceptable”, afirmó, subrayando que la medida vulnera principios esenciales del funcionamiento democrático y afecta la posibilidad de controlar y transparentar los actos del poder.

La controversia generó un debate mucho más profundo sobre el rol del periodismo en tiempos de tensiones institucionales. Mientras el Gobierno sostiene que actuó en defensa de la seguridad interna, voces críticas advierten que el precedente puede habilitar prácticas restrictivas en el futuro.

Lo que parecía un incidente aislado ya se transformó en un conflicto de alto voltaje. Con posiciones cada vez más firmes de ambos lados, el escenario muestra que la relación entre la prensa y el Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión de Milei.