El Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado de la Nación sancionó la reforma del Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad penal en la Argentina bajará de 16 a 14 años. La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que quedó convertida en ley y solo resta su promulgación y reglamentación para que entre en vigencia.

La votación en la Cámara alta reflejó un debate intenso y posturas divididas. El oficialismo y bloques aliados respaldaron el proyecto al sostener que la reforma era necesaria para actualizar una normativa vigente desde 1980 y dar respuesta a delitos graves cometidos por menores. En tanto, sectores de la oposición cuestionaron la orientación punitiva de la medida y advirtieron sobre posibles dificultades presupuestarias para su implementación en las provincias.

Qué establece la nueva ley

El nuevo Régimen Penal Juvenil crea un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos. A partir de la sanción, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente, algo que hasta ahora no estaba contemplado en el marco legal vigente.

La norma prevé un esquema judicial especializado, con procedimientos adaptados a la edad de los adolescentes y con garantías procesales específicas. Entre los puntos centrales se destacan el derecho a la defensa técnica desde el inicio del proceso, la participación de la familia y la obligación de que las intervenciones tengan un enfoque orientado a la reintegración social.

La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves y como última instancia. Además, se establece que los menores deberán estar alojados en establecimientos diferenciados de los adultos. El texto también contempla medidas alternativas a la prisión, como programas de acompañamiento, reglas de conducta y otras herramientas que priorizan la resocialización.

El debate político

Durante la discusión en el Senado, quienes apoyaron la reforma argumentaron que el Estado debía actualizar el régimen penal juvenil para que existan consecuencias claras ante hechos de extrema gravedad. Según señalaron, la nueva ley no solo introduce sanciones, sino también mecanismos de contención y seguimiento.

Desde la oposición, en cambio, se planteó que la baja en la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo y que el foco debería estar puesto en políticas de prevención e inclusión social. También se reclamó mayor claridad sobre los recursos que necesitarán las provincias para aplicar el nuevo esquema.

Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley y coordinar con las jurisdicciones provinciales su puesta en marcha, en un tema que seguirá generando debate en el ámbito político y social.