El Gobierno logró los votos y aprobó la reforma de la Ley de Glaciares

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Gobierno logró finalmente contener a sus aliados en el Congreso y avanzar con la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto que generó fuertes tensiones políticas y profundas discusiones ambientales. Con 137 votos a favor y 111 en contra, La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario gracias a una compleja arquitectura de acuerdos que involucró a bloques aliados y a legisladores de Unión por la Patria de Catamarca y San Juan.

La defensa del proyecto estuvo encabezada por José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales, quien sostuvo que la iniciativa había recibido un 70% de apoyo en las audiencias públicas y que la experiencia minera de su provincia demostraba la importancia del equilibrio entre producción y preservación. Para el oficialismo, la reforma otorga herramientas a las provincias para gestionar sus recursos con criterios propios y adaptados a la realidad local.

La oposición, sin embargo, planteó una visión totalmente opuesta. Miguel Ángel Pichetto advirtió que la norma representa una delegación indebida de facultades nacionales y anticipó que podría terminar judicializada por su presunta inconstitucionalidad. Desde Unión por la Patria, Adriana Serquis remarcó que la ley vigente protege todos los glaciares inventariados y que incluso solo el 1% de la cordillera contiene glaciares, pero ese mínimo porcentaje abastece de agua a más de 7 millones de personas. Además, denunció que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales está siendo desfinanciado, lo que afectaría la capacidad de control.

Otros sectores también se manifestaron con dureza. Jorge Taiana cuestionó que la reforma permite que 12 provincias tomen decisiones sin consultar al resto, mientras que desde la izquierda, Myriam Bregman calificó el proyecto como un “saqueo impulsado por grandes corporaciones”.

Del lado oficialista, los acompañamientos provinieron del PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales. Algunos apoyos fueron críticos: Eduardo Falcone, por ejemplo, respaldó la ley en general, pero alertó sobre el punto que habilita el “desinventario” de glaciares, advirtiendo que todos cumplen funciones hídricas y que su eliminación del listado podría abrir la puerta a explotaciones riesgosas.

El núcleo del proyecto aprobado redefine qué es considerado glaciar o ambiente periglacial y otorga a las provincias la posibilidad de solicitar el retiro del inventario nacional de aquellos que, según estudios técnicos, no cumplan funciones hídricas. Para sus defensores, esto permitirá promover inversiones; para sus detractores, implica debilitar una de las mayores protecciones ambientales del país.