Denunciaron penalmente a Javier Milei

Una nueva disputa institucional estalló este miércoles luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La legisladora advirtió que la decisión del Gobierno constituye “una prohibición directa al ejercicio de la libertad de expresión” y alertó que ese tipo de acciones representan “el primer paso para silenciar voces disidentes”.

Pagano sostuvo que la Casa Rosada “no es propiedad privada”, y cuestionó que el Presidente pueda decidir de manera discrecional quién ingresa y quién no. Desde sus redes sociales, fue categórica: “NO NOS VAN A CALLAR”, acompañando la frase con la imagen de la denuncia formal presentada ante la Justicia.

La presentación apunta no solo a Milei, sino también a Javier Lanari, secretario de Comunicación y Medios, y al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de Casa Militar. Según el texto judicial, la restricción dispuesta por el Ejecutivo causa un “daño continuado e irreversible” al sistema republicano, además de vulnerar el derecho a la información pública y el ejercicio profesional del periodismo.

Pagano remarcó que la medida fue tomada “de facto, sin acto administrativo, sin notificación individual, sin sumario previo y sin resolución fundada”, lo que refuerza la gravedad institucional del hecho. Además, recordó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada permaneció abierta incluso durante gobiernos de facto, un dato que subraya la excepcionalidad de lo ocurrido el 23 de abril de 2026. La legisladora calificó la decisión como “una ruptura sin precedentes en la relación entre el Estado y la prensa”.

En su denuncia, la diputada sostiene que las acciones del Gobierno podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e impedimento del ejercicio de un derecho, entre otros tipos penales contemplados en la legislación vigente.

La polémica se originó luego de que el Gobierno prohibiera el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada bajo el argumento de estar investigando un presunto caso de “espionaje ilegal”, relacionado con un video difundido en un programa televisivo. Fuentes oficiales admitieron que se decidió invalidar temporalmente las huellas dactilares de los periodistas acreditados, hasta tanto avance el reempadronamiento anual.

Sin embargo, para la oposición y diversos sectores de prensa, la medida constituye un intento de censura y un ataque frontal a la libertad de prensa, lo que explica la contundente reacción judicial impulsada por Pagano.