Las dos importantes reformas que impulsará el Gobierno de Milei en los próximos días

En medio de una Argentina atravesada por tensiones económicas, conflictividad social y un clima político cada vez más agitado, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso que encendió alarmas en organizaciones, especialistas y familias afectadas: envió al Congreso dos proyectos de ley que implican un ajuste profundo en Salud Mental y Discapacidad, áreas históricamente sensibles y dependientes del financiamiento estatal.

Según los documentos oficiales, las reformas buscan combatir “fraudes”, “optimizar recursos” y “ordenar el sistema”. Sin embargo, el contenido revela un giro que podría recortar derechos adquiridos, debilitar coberturas y dejar a miles de personas expuestas a la discrecionalidad presupuestaria.

El primer proyecto, llamado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, introduce un cambio estructural: subordina el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a la “disponibilidad de recursos”. En términos prácticos, esto significa que las prestaciones dejan de ser un derecho garantizado y pasan a depender del estado de las arcas públicas, un mecanismo que podría habilitar recortes inmediatos en tiempos de crisis.

Entre los puntos más controversiales aparece la fragmentación de aranceles, que elimina la homogeneidad del Nomenclador nacional. Con este esquema, cada provincia fijará sus valores, lo que abre la puerta a un mapa desigual de acceso: ciudadanos de primera y de segunda, según la capacidad económica de cada jurisdicción.

A esto se suma el traslado del financiamiento a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría dejar sin cobertura a nuevos beneficiarios si los gobiernos locales no cuentan con fondos suficientes. El proyecto también incorpora un reempadronamiento obligatorio, cuya falta generará suspensión automática de pensiones, una medida especialmente riesgosa para personas con problemas de movilidad, conectividad o situaciones extremas de vulnerabilidad.

En paralelo, se avanza hacia una incompatibilidad entre pensión y empleo formal, empujando a miles de personas hacia la informalidad y frenando cualquier posibilidad de inserción laboral real.

El segundo paquete de reformas apunta a la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657, reinstalando un paradigma centrado casi exclusivamente en la mirada médico-psiquiátrica. Aunque no deroga el artículo que establece un piso del 10% del presupuesto en Salud para el área, el Ejecutivo elimina la obligación de asistencia económica nacional, dejando la financiación sujeta a convenios y, en la práctica, vaciando una garantía vigente desde 2010.

El proyecto habilita además internaciones involuntarias con criterios más amplios, reduce la necesidad de equipos interdisciplinarios y propone medidas judiciales pos-alta que podrían limitar la autonomía de los pacientes hasta por seis meses.

Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que las reformas buscan “equidad” y “eficiencia”. Pero para especialistas y familias afectadas, el mensaje es claro: el eje central es un ajuste fiscal que condiciona derechos esenciales y pone en riesgo la continuidad de tratamientos vitales.