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Trump congeló la entrega de VISAS: ¿a qué paises afecta?

La decisión de la administración de Donald Trump de congelar la tramitación de visas para ciudadanos de 75 países marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense. La medida, que entrará en vigencia el 21 de enero por tiempo indeterminado, fue anunciada por el Departamento de Estado bajo el argumento de reforzar los controles de seguridad y evitar que extranjeros accedan a beneficios públicos destinados a residentes y ciudadanos.

Según explicó la Casa Blanca, el objetivo principal es evitar que personas consideradas “carga pública” ingresen al país. El portavoz del organismo, Tommy Pigott, afirmó que el gobierno busca impedir que migrantes con escasa solvencia económica o potencial necesidad de asistencia estatal “exploten la generosidad del contribuyente estadounidense”. Para ello, los consulados deberán implementar un análisis más estricto del perfil económico, sanitario y social de cada solicitante.

La lista de naciones afectadas abarca regiones completas. En América y el Caribe, figuran Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua, además de varias islas del Caribe. En África, el congelamiento incluye a más de veinte países, entre ellos Nigeria, Etiopía, Egipto, Marruecos y Libia. En Asia, quedan bajo la medida Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Bangladesh y Jordania, mientras que en Europa se suman territorios como Rusia, Albania y Moldavia. Incluso algunos países de Oceanía, como Fiyi, forman parte del listado.

Durante su segundo mandato, Trump ya había impulsado una política de endurecimiento migratorio que derivó en la revocación de más de 100.000 visas, y esta nueva disposición profundiza ese rumbo. La administración también ordenó una revisión integral de los procesos de verificación migratoria para incorporar reglas más estrictas, especialmente orientadas a identificar a solicitantes con potenciales necesidades médicas costosas, falta de dominio del inglés o antecedentes de asistencia estatal.

Las consecuencias no tardaron en generar preocupación. Diversas organizaciones civiles alertan sobre el impacto en miles de familias que mantienen vínculos en Estados Unidos. Expertas como Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, advirtieron que muchos migrantes podrían renunciar a beneficios básicos como salud o alimentos por temor a perder sus trámites, incluso cuando legalmente son elegibles. Desde el ámbito académico, voces como la de Alan D. Viard señalan que la noción de “carga pública” es excesiva, y que incluso quienes parecen representar un costo inicial suelen generar un aporte económico neto a largo plazo.

Mientras el gobierno define los nuevos criterios, el flujo migratorio desde estos 75 países queda en suspenso, dejando en incertidumbre a miles de solicitantes y abriendo un debate global sobre los límites y efectos de las políticas migratorias restrictivas.

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