Milei vs Tapia: El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este miércoles un nuevo y fuerte capítulo. Tras semanas de cruces públicos, acusaciones y mensajes directos entre funcionarios y dirigentes, el Ministerio de Justicia avanzó formalmente contra la AFA y la Superliga, al exigir explicaciones detalladas sobre el manejo de sus finanzas. El mensaje fue contundente: “Nadie está por encima de la Ley”.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a ambas entidades a presentar documentación y responder observaciones sobre sus balances, que en conjunto superan los 450 millones de dólares. La medida impacta de lleno en la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y expone al fútbol argentino a un escenario de posibles sanciones económicas.

Según detalló el Ministerio, los balances bajo la lupa corresponden a más de 111 millones de dólares en el caso de la AFA y más de 340 millones en el de la Superliga. La IGJ exigirá información precisa sobre gastos e inversiones que no estarían contemplados dentro de los estatutos sociales, un punto especialmente sensible ya que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro.

El comunicado remarca que el procedimiento no constituye una excepción ni una persecución, sino la aplicación del mismo criterio que rige para todas las personas jurídicas privadas registradas. En ese sentido, el texto es claro: “La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación”. Desde el Gobierno buscan marcar un límite y reforzar la idea de igualdad ante la ley, incluso frente a instituciones de enorme peso simbólico y social.

Además, el Ministerio de Justicia adelantó que reconstruirá el recorrido del dinero percibido por ambas entidades, solicitando contratos, comprobantes y respaldos contables. La advertencia no pasó inadvertida: si no se cumple con los requerimientos dentro de los plazos establecidos, podrían aplicarse sanciones económicas severas, tanto a las instituciones como a sus directivos de manera personal.

Este avance se da en un contexto de tensión creciente, luego de los cruces entre Patricia Bullrich y Pablo Toviggino, dirigente cercano a Tapia, que dejaron en evidencia una relación cada vez más deteriorada entre el Ejecutivo y la cúpula del fútbol argentino. Ahora, el conflicto dejó el plano discursivo y pasó al terreno institucional.

Con esta intimación, el Gobierno pone al fútbol en el centro del debate sobre transparencia, control y rendición de cuentas, mientras la AFA enfrenta uno de los desafíos políticos y legales más delicados de los últimos años.