La Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner

La causa Vialidad volvió a sacudir el escenario judicial y político de la Argentina. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, una decisión de enorme impacto que también se extiende a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.

Según la resolución, los bienes serán tasados previamente para cubrir la cifra impuesta en la sentencia: $684.990.350.139,86, un monto que la Justicia busca recuperar a partir del patrimonio embargado. La medida también alcanza a los exfuncionarios y empresarios involucrados en la causa, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El decomiso incluye propiedades pertenecientes a Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Gotti Hnos. S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., empresas que integraron el circuito de obras públicas investigado. La Justicia remarcó que los inmuebles fueron adquiridos entre 2003 y 2015, período clave donde se habría ejecutado la maniobra delictiva en torno a las licitaciones viales.

La decisión del Tribunal compuesto por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega tras el pedido de la fiscalía de avanzar con la ejecución inmediata del decomiso. El plazo de diez días hábiles otorgado para que los condenados depositaran el monto solidario había vencido sin respuesta. En ese contexto, el fiscal Diego Luciani había sido contundente: “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Hay que ir por los bienes”, señaló a finales de octubre.

Con esta resolución, la familia Kirchner perderá 20 propiedades, de las cuales solo una figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Las otras 19 fueron heredadas por Máximo y Florencia en partes iguales. En el caso de Báez, la situación es aún más amplia: más de 80 propiedades serán decomisadas, junto a inmuebles ligados a las empresas utilizadas para concretar el fraude en las 51 licitaciones investigadas.

La decisión marca un nuevo capítulo en una de las causas más relevantes de los últimos años. Con un monto millonario en juego, múltiples bienes involucrados y una sentencia firme, la Justicia avanza en un proceso que promete seguir generando repercusiones en el plano político, judicial y social.