Diez gremialistas tomaron un hospital y serán despedidos

El Gobierno nacional avanzó con una medida de fuerte impacto político y sindical: las autoridades del Hospital Garrahan solicitaron el desafuero de diez gremialistas involucrados en la toma de oficinas registrada en octubre de 2025. La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el objetivo es remover la tutela sindical para permitir su despido y continuar con el proceso judicial iniciado tras aquellos incidentes.

Según trascendió, los dirigentes señalados habrían encabezado y coordinado la ocupación de la dirección del hospital, un episodio que paralizó áreas administrativas claves del centro de salud pediátrico y que motivó la intervención del Gobierno. Para la administración nacional, los hechos constituían “una falta grave”, incompatible con el funcionamiento de una institución sanitaria de referencia nacional.

Adorni respaldó públicamente la decisión a través de su cuenta en X, donde remarcó que “el que las hace, las paga”, frase que sintetiza la postura oficial ante los conflictos gremiales considerados ilegales. El vocero explicó que la disputa se originó cuando un sector sindical reclamó cobrar días no trabajados, lo que derivó en una escalada de tensión que terminó con la ocupación de las oficinas principales.

Pero el Gobierno no solo avanzó contra los diez dirigentes que cuentan con protección gremial: también anunció sanciones disciplinarias para otras 29 personas que participaron del episodio. Estas medidas alcanzarán distintos niveles de responsabilidad, desde quienes impulsaron la toma hasta aquellos que colaboraron activamente en su desarrollo dentro del edificio.

El mensaje político del Ejecutivo fue explícito. Adorni sostuvo que “la era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, reforzando la idea de que la administración Milei no tolerará acciones gremiales que, a su juicio, vulneren normas o alteren la prestación de servicios esenciales como los del Hospital Garrahan.

En paralelo, fuentes oficiales explicaron que la solicitud de desafuero forma parte de un procedimiento legal habitual cuando se busca aplicar sanciones que involucren la desvinculación de trabajadores con tutela sindical. El trámite deberá ahora ser evaluado por la Justicia, que tendrá la última palabra sobre la continuidad o no de los dirigentes involucrados.

Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno y los sectores gremiales continúa escalando. La Casa Rosada considera que este caso es un precedente clave para disciplinar futuras protestas dentro de áreas críticas del Estado; los sindicatos, en cambio, denuncian una persecución política y anticipan que defenderán a sus afiliados en todas las instancias judiciales disponibles.