¿De qué se trata? El nuevo decreto del Gobierno que excluye a empresas vinculadas a hechos de corrupción

En una decisión que marca un giro fuerte en la política de transparencia estatal, el Gobierno anunció la modificación del régimen de contrataciones públicas para impedir que empresas involucradas en prácticas corruptas puedan acceder a obra pública, licitaciones o servicios del Estado. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, quedarán excluidas todas aquellas firmas que registren “conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas”, según detalla la nueva normativa. El objetivo central, explicaron desde Casa Rosada, es garantizar que los recursos públicos se administren bajo criterios de “integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”.

Este cambio implica que los organismos estatales deberán verificar de manera obligatoria que las empresas oferentes no integren las listas de inhabilitados elaboradas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el texto oficial, hasta ahora “no era posible corroborar de forma efectiva” esa información durante los procesos de selección, lo que generaba vacíos que podían favorecer irregularidades.

El decreto advierte que la corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también afecta la calidad de los servicios públicos, distorsiona incentivos económicos y conduce a un uso ineficiente de los recursos del Estado, comprometiendo el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso, sostiene que es responsabilidad del Estado implementar medidas que prevengan, disuadan y sancionen el cohecho transnacional, tanto por la vía penal como por mecanismos administrativos como la inelegibilidad o exclusión de licitaciones.

Un nuevo impulso a la agenda de privatizaciones

La decisión llega en un momento clave: el arranque del 2026 encuentra al Gobierno avanzando en una nueva etapa de su plan de privatizaciones. A finales del año pasado se abrió el concurso para la venta de las acciones que controlan Transener, paso previo a una eventual privatización de Enarsa. Las ofertas se darán a conocer el 23 de marzo.

También progresa la licitación para la concesión del tramo 2 de rutas nacionales, que abarca la Autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y partes de las rutas 3 y 5. El 6 de febrero se conocerán las propuestas para operar más de 1800 kilómetros actualmente bajo la órbita de Corredores Viales.

En paralelo, se lanzó el proceso para la reprivatización de la Hidrovía, con apertura de sobres prevista para el 27 de febrero. Empresas como AySA, Intercargo y Belgrano Cargas también integran la lista de compañías que el Gobierno prevé privatizar durante los primeros meses del año.

La combinación de controles más estrictos y un avance decidido sobre la gestión estatal marca un comienzo de año donde el Ejecutivo busca transmitir un mensaje claro: menos margen para la corrupción, más espacio para la eficiencia y la competencia privada.