Marcela Pagano denunció a Javier Milei

Una nueva tormenta política sacude al Gobierno nacional luego de que Marcela Pagano, diputada y exreferente libertaria, presentara una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. El escrito, presentado este viernes, acusa al mandatario de presunto encubrimiento de delitos tras sus declaraciones en una entrevista emitida en un canal de streaming.

Según Pagano, Milei habría incumplido sus deberes como funcionario público al no denunciar dos hechos de extrema gravedad que él mismo relató públicamente. Para la legisladora, estas afirmaciones no pueden quedar en el terreno mediático y deben ser investigadas por la Justicia.

El primer punto de la denuncia refiere a una declaración explosiva realizada por el Presidente: Milei aseguró que, tras la victoria de Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas, “intentaron hacer un golpe de Estado” contra su gestión. Para Pagano, esta afirmación no solo es de máxima gravedad institucional, sino que además “configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal”, el cual sanciona atentados contra el orden constitucional y la vida democrática.

La diputada sostiene que, ante semejante denuncia verbal, el Presidente tenía la obligación legal de actuar. “Se trata de delitos de acción pública cuya investigación es indelegable”, argumenta en el texto. Asimismo, señala que podrían estar involucradas otras figuras penales contempladas en el artículo 227 bis y concordantes.

El segundo tramo de la denuncia apunta a otro momento de la entrevista: Milei relató que un empresario habría intentado sobornarlo, ofreciéndole una coima. En este caso, Pagano asegura que la conducta descripta por el mandatario encuadraría en el delito de cohecho activo, previsto en el artículo 258 del Código Penal y vinculado al artículo 256. Además, podría agravarse, sostiene, bajo el artículo 259 bis, considerando que la oferta habría estado dirigida directamente al Presidente de la Nación.

Frente a este escenario, Pagano remarcó que no se trata de diferencias políticas, sino de hechos que —según ella— obligan a la Justicia a intervenir para establecer si corresponde abrir una investigación formal contra el jefe de Estado. “No pueden tomarse como frases al pasar. Son denuncias públicas de posible criminalidad”, expresó.

La denuncia ya fue presentada y quedó en manos de los tribunales federales, que deberán evaluar si las declaraciones presidenciales constituyen suficiente motivo para avanzar. Mientras tanto, el clima político vuelve a tensarse: la exlibertaria se distancia aún más del espacio del que formó parte y el Gobierno enfrenta un nuevo frente judicial y mediático.