La fuerte medida que el Gobierno le reclamó a los ministros

El Gobierno nacional dio una señal contundente hacia el interior del gabinete: los ministros deberán profundizar aún más el ajuste del gasto público para garantizar el cumplimiento del superávit fiscal. La instrucción fue confirmada por fuentes oficiales, aunque sin precisiones sobre cómo se ejecutará la poda en cada área. El anuncio llega en un momento clave, tras ocho meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria, un dato que encendió las alarmas en la Casa Rosada.

Según pudo saber TN, el Ejecutivo definió una nueva pauta de recorte que incluye una reducción adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Aunque no se reveló el monto total que se busca ahorrar, la decisión responde a la necesidad de mantener la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto donde las presiones económicas comienzan a acumularse.

El ajuste no es nuevo. Hasta marzo, el gasto público ya se había reducido un 3,3% en áreas sensibles como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios estatales. Sin embargo, la persistente caída de ingresos terminó acelerando los tiempos. Tal como afirman fuentes oficiales, “la motosierra sigue”.

El frente fiscal enfrenta obstáculos adicionales. Por un lado, el debate legislativo sobre iniciativas que podrían aumentar el gasto o reducir la recaudación —como el financiamiento universitario o la reforma laboral— amenaza con complicar la hoja de ruta. Por otro, Argentina está comprometida a lograr un superávit primario del 2,2%, aunque el Presupuesto 2026 proyecta un 1,5% del PBI. En los dos primeros meses del año, el resultado primario acumuló cerca del 0,4% del PBI.

Mientras tanto, varias partidas muestran recortes significativos. Los salarios públicos bajaron 6,1% en el primer trimestre, las Asignaciones Familiares y la AUH se redujeron 3,7%, y los programas sociales registraron un desplome del 29,8%. Las transferencias a provincias, uno de los rubros más sensibles, cayeron 50,9%, afectando la capacidad financiera de los gobiernos locales.

La gran excepción son los subsidios económicos, que crecieron cerca de un 67% interanual pese al intento oficial de reducirlos. Según analistas, este salto responde principalmente al pago de deudas acumuladas con el sector energético.

A esto se suma un dato que preocupa particularmente al FMI: la deuda flotante, es decir, el gasto devengado pero aún no pagado. En marzo alcanzó los $3,3 billones, equivalente al 10% del gasto comprometido. En obra pública, esta deuda representa el 41,8% de los compromisos asumidos.

Con un escenario financiero cada vez más ajustado, el Gobierno apuesta a profundizar el recorte como única vía para sostener el equilibrio fiscal durante 2026.