Diputados aprobó toda la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad

En una sesión cargada de tensión política y fuerte presencia de familiares de víctimas en los palcos, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado por el Gobierno y defendido por sectores aliados, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. Ahora, el texto avanza al Senado, donde el oficialismo espera convertirlo en ley durante el período de extraordinarias.

El proyecto introduce cambios profundos. No solo habilita que adolescentes de 14 años puedan ser penalmente responsables, sino que establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, secuestros, abusos sexuales o robos violentos. Para infracciones de menor gravedad —con condenas inferiores a diez años— se prevén penas alternativas, entre ellas amonestaciones, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.

Uno de los puntos centrales es la creación de institutos especiales para menores condenados. Allí deberán garantizarse derechos básicos como educación, atención médica, tratamientos por adicciones y personal especializado en infancia y adolescencia. Además, la ley prohíbe por completo la convivencia con detenidos adultos, una exigencia que el oficialismo destacó como fundamental para evitar vulneraciones.

El proyecto también incorpora mecanismos de mediación y suspensión del proceso para casos leves, siempre con consentimiento de la víctima, y refuerza sus derechos dentro del proceso penal: ser informadas, ser escuchadas y acceder a patrocinio jurídico y apoyo psicológico.

Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley vigente, de 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, y destacó el consenso alcanzado tras un año de trabajo en comisiones y la participación de más de treinta especialistas. En contrapartida, las bancadas peronistas advirtieron que el texto “no aborda las causas profundas” y reclamaron medidas urgentes en salud mental, consumos problemáticos y políticas de contención.

El proyecto también generó fuertes reacciones de parte de organizaciones y familiares de víctimas, quienes siguieron el debate desde los palcos. Sus testimonios y presencias imprimieron un clima emotivo y cargado de demandas de justicia.

Finalmente, el Gobierno incorporó un artículo extra con más de $23.700 millones en aportes presupuestarios para implementar el régimen, luego de que gobernadores advirtieran que no apoyarían la ley si el costo recaía en las provincias.