Una kirchnerista quiere crear un impuesto a las vacas

La Legislatura bonaerense volvió a quedar envuelta en un torbellino político y productivo tras la presentación de un proyecto de ley que amenaza con reconfigurar por completo el mapa ganadero de la provincia. La iniciativa, impulsada por la diputada kirchnerista Lucía Klug, referente de Unión por la Patria y figura cercana a Juan Grabois, desató una ola de reacciones que va desde la sorpresa hasta la indignación en el sector rural.

El proyecto propone la creación de la llamada “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)”, un tributo que recaería directamente sobre los productores ganaderos por las emisiones de gas metano generadas por el proceso digestivo del ganado bovino. Según el texto ingresado a la Legislatura, la tasa se calcularía en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (COe) emitidos por cada establecimiento, estimación que dependería de la cantidad de cabezas de ganado registradas.

Desde el entorno de Klug, se fundamenta que la medida apunta a generar conciencia ambiental y a acompañar compromisos internacionales sobre reducción de gases de efecto invernadero. En los considerandos del proyecto se menciona que el metano es uno de los gases más perjudiciales para el calentamiento global y que la provincia necesita “avanzar hacia políticas activas que incentiven prácticas productivas sustentables”.

Sin embargo, el mundo agropecuario no tardó en reaccionar. Las entidades rurales advirtieron que la iniciativa representa una “carga impositiva desmedida” y que su eventual aplicación, lejos de fomentar prácticas más responsables, “golpearía de lleno la rentabilidad de los pequeños y medianos productores”, que ya enfrentan una difícil situación económica. Algunos dirigentes incluso señalaron que se trata de “una desconexión absoluta con la realidad del campo”.

Además, la propuesta generó un intenso debate sobre su viabilidad técnica. Especialistas en producción bovina remarcan que medir con precisión las emisiones de metano por establecimiento es un desafío complejo y que utilizar estimaciones generales podría llevar a distorsiones o injusticias en el cobro de la tasa. Otros expertos consideran que, en todo caso, la política ambiental debería orientarse a incentivos, no a castigos económicos.

El proyecto también produjo ruido dentro del ámbito político. Mientras sectores afines al kirchnerismo respaldan la intención ecológica, desde la oposición se acusó a la diputada Klug de presentar un texto “sin sustento técnico ni sensibilidad productiva”, y advirtieron que podría convertirse en un nuevo punto de conflicto entre el Gobierno provincial y el sector agropecuario.

Por ahora, la iniciativa espera tratamiento en comisión, pero el revuelo ya está instalado. La discusión promete sumar capítulos y abrir un debate profundo sobre los límites, responsabilidades y desafíos de la sostenibilidad productiva en la provincia.

¿Vos qué opinás sobre esta propuesta? ¿Innovación ambiental o un nuevo golpe al campo?