Julieta Prandi quiere justicia
Durante la semana pasada se llevó adelante el juicio que Julieta Prandi mantiene contra su expareja Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y físico. En el marco del debate oral, su abogado, Javier Baños, fue contundente al solicitar la pena máxima prevista por la ley para los delitos que se le imputan: 50 años de prisión.
En diálogo con TN, Baños explicó los fundamentos de su pedido y sostuvo que el caso presenta una cantidad de pruebas y evidencias poco habitual en este tipo de delitos, generalmente complejos de demostrar.
“La prueba es sobreabundante. En general, los abusos sexuales son delitos complejos de probar y realmente este es un caso atípico porque contamos con un sinnúmero de elementos de convicción”, afirmó.
Según detalló, el relato de Julieta Prandi ha sido “consistente, sostenido en el tiempo, sin fisuras” y fue avalado por 13 testigos durante las dos jornadas de debate. Baños remarcó que esta coherencia narrativa, respaldada por testimonios directos, constituye un pilar fundamental de la acusación.
A esto se suman los peritajes oficiales. El letrado explicó que existe “una pericia psicológica incontrastable” y “una pericia psiquiátrica inequívoca”, ambas con conclusiones que apuntan a indicios claros de abuso sexual intrafamiliar sostenido en el tiempo. Para el abogado, es muy poco frecuente que se reúnan tantos elementos probatorios de forma tan contundente.
Baños subrayó que la magnitud de los delitos justifica el pedido de la pena más alta posible:
“Queremos una condena acorde con la magnitud del injusto cometido. Las diferencias de matices pueden existir: el fiscal pidió 20 años y tiene un deber de objetividad. Nosotros representamos a Julieta, somos parte, y entendemos que en este caso no debe haber una resocialización del acusado”, sostuvo.
Además, consideró que Claudio Contardi es una persona “incapaz de ser resocializada” y que su permanencia en libertad representaría un riesgo. En ese sentido, aclaró que la solicitud de 50 años de cárcel responde exclusivamente a dos objetivos: “garantizar la seguridad de Julieta” y “neutralizar a una persona que nos parece completamente peligrosa”.
La resolución final quedará en manos del tribunal, que deberá valorar el conjunto de pruebas y los pedidos tanto de la fiscalía como de la querella. Mientras tanto, el testimonio de Julieta y el sólido respaldo probatorio presentado por su defensa marcan un antecedente relevante en causas de violencia y abuso intrafamiliar.
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