El peronista Sergio Ziliotto se hartó de Milei y pidió la suspensión

La reciente reforma de la Ley de Glaciares continúa generando fuertes repercusiones en todo el país. Esta vez, el reclamo llegó a la Justicia de la mano del Gobierno de La Pampa, que presentó un amparo colectivo ambiental para pedir la suspensión inmediata de la norma aprobada por el Congreso. La acción, elevada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, también incluyó una medida cautelar que busca frenar la aplicación de la ley hasta que se determine su constitucionalidad.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció públicamente la decisión, acompañado por representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, que se sumaron como coimpulsores del planteo. El escrito judicial exige la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, al considerar que vulnera derechos fundamentales vinculados al ambiente, la salud y el acceso al agua.

Ziliotto fue contundente al justificar el paso judicial. Afirmó que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional” y que incluso contradice el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú. Para el mandatario, la modificación del régimen de protección glaciar implica un retroceso evidente en las garantías ambientales.

Aunque La Pampa no posee glaciares dentro de su territorio, el gobernador enfatizó un punto clave: la provincia depende del río Colorado, cuya cuenca nace en áreas glaciares. “A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió, alertando sobre el impacto directo en el abastecimiento hídrico. En la actualidad, el río provee agua a zonas donde vive el 45% de la población, y su importancia podría aumentar aún más si se retoma el proyecto de un acueducto hacia el norte provincial.

La fiscal de Estado, Romina Schmidt, detalló que el amparo comenzó a redactarse incluso antes de la sanción legislativa. Cuestionó además el proceso de audiencias públicas, asegurando que “no cumplieron con los estándares del Tratado de Escazú”. Según explicó, la reforma representa un retroceso jurídico y ecológico, con riesgo de afectar la calidad y cantidad del agua disponible.

El reclamo pampeano se suma a un escenario de creciente conflictividad. Organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva nacional, con el objetivo de detener la aplicación de la reforma y reabrir el debate sobre la protección de los recursos hídricos.

El conflicto por la Ley de Glaciares, lejos de cerrarse en el Congreso, se traslada ahora al ámbito judicial, donde múltiples sectores buscarán definir el alcance real de la protección ambiental en la Argentina.