Plan Motosierra: la reforma que Milei enviará al Congreso para seguir con la reducción del Estado

El Gobierno nacional se prepara para abrir un nuevo capítulo en su política de reestructuración estatal. El presidente Javier Milei enviará en los próximos meses al Congreso una reforma integral para eliminar y fusionar organismos públicos, con el objetivo de recuperar parte de los cambios que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025. La iniciativa representa una nueva etapa dentro de la estrategia oficial conocida como la “motosierra”, uno de los ejes centrales de su administración.

El proyecto está siendo elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a sus equipos técnicos. Según fuentes oficiales, la propuesta no se limitará a reinstalar lo que ya había sido dispuesto en los decretos anulados, sino que avanzará sobre una revisión más profunda que podría incluir nuevos organismos dentro del reordenamiento.

La intención del Gobierno es clara: reducir estructuras estatales que consideran sobredimensionadas, superpuestas o de baja productividad. En su primer intento, el decreto 462/2025 había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; además de eliminar organismos como ARICCAME, INAFCI e INASE, y transformar instituciones clave como el INTI, el INTA, el INV y el INPI. Sin embargo, el rechazo legislativo obligó al Ejecutivo a retrotraer todos esos cambios.

El nuevo proyecto aparece ahora como una vía legislativa para retomar ese camino. Desde el Ministerio de Desregulación remarcan que se trata de una “revisión integral del Estado”, en un contexto en el que la reducción del empleo público continúa siendo una prioridad. El informe oficial de febrero de 2026 reveló que desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo, lo que equivale a un 13% del total del sector público. En la Administración Pública Nacional, la baja asciende al 18,5%.

En la Casa Rosada vinculan la iniciativa con la necesidad de profundizar el ajuste del gasto y mejorar la eficiencia administrativa. No obstante, reconocen que el proyecto abrirá un nuevo frente de tensión con la oposición, los gobernadores y los gremios estatales. Los antecedentes de 2025 —cuando el Congreso rechazó el paquete original— anticipan un debate áspero que podría poner a prueba la capacidad del Gobierno para construir consensos.

Por ahora, el Ejecutivo evita fijar una fecha precisa para el envío, aunque admiten que será “en los próximos meses”. Antes, buscan avanzar con otros proyectos clave de la agenda parlamentaria, entre ellos la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada. La estrategia oficial es no exponer la reforma de organismos hasta garantizar el contexto político adecuado y evaluar el acompañamiento real que pueden conseguir en ambas cámaras.