El Gobierno confirmó que enviará al Congreso un importantisimo Proyecto de Ley

El Gobierno nacional avanza con un giro profundo en la política sanitaria tras confirmar que enviará al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente desde 2010. El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, quien anticipó que la iniciativa llegará en los próximos días al Congreso de la Nación y que busca “responder a necesidades que hoy no encuentran encuadre adecuado”.

Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto pretende mejorar la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en situaciones de riesgo y emergencia, donde la legislación actual presenta limitaciones o interpretaciones dispares entre provincias. En el relevamiento previo participaron familiares, pacientes, profesionales, especialistas judiciales y legislativos, quienes coincidieron en que el funcionamiento real revela desigualdades profundas en el acceso a la atención.

Uno de los puntos centrales será la modificación del lenguaje normativo. Se propone reemplazar la expresión “padecimiento mental” —considerada ambigua— por categorías diagnósticas reconocidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades. De esta manera, se incorporarían conceptos de “trastornos mentales o del comportamiento”, lo que busca mayor precisión clínica y unificar criterios en todo el país.

El criterio de riesgo también tendrá una redefinición clave: el proyecto apunta a enfocarlo en “situaciones de daño potencial para la vida o la integridad física del paciente o de terceros”, evaluando contexto y antecedentes. Esta aclaración permitiría intervenciones más oportunas y preventivas, especialmente en casos de urgencia.

En lo referente a internaciones, se mantiene su carácter de recurso excepcional, pero se incorpora una novedad significativa: en emergencias, el psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas. La notificación judicial también se ampliará de 10 a 24 horas. En internaciones voluntarias, si se considera que el paciente no tiene capacidad para solicitar el alta, esta podrá convertirse en involuntaria.

El proyecto reconoce limitaciones actuales para el cierre de hospitales monovalentes, como el histórico Hospital Borda, y plantea fortalecer una red integral y escalonada de atención, con hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

Finalmente, la propuesta impulsa el fortalecimiento del RESAM y el REFES, bases fundamentales para conocer la disponibilidad de camas, infraestructura y recursos humanos. También propone ampliar la participación técnica del Ministerio de Salud en el órgano de revisión, buscando un control más efectivo y profesional del sistema.