Diputados K repudiaron una polémica decisión de Casa Rosada

La tensión institucional volvió a escalar este martes luego de que la Cámara de Diputados repudiara públicamente la censura ejercida por el Gobierno de Javier Milei contra varios medios de comunicación, entre ellos El Destape, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada y A24. La medida, que bloqueó las acreditaciones de periodistas para ingresar a la Casa Rosada y al Congreso, generó un fuerte rechazo político y mediático por considerarse un ataque directo contra la libertad de prensa.

En un documento difundido en redes sociales, los legisladores advirtieron que “ocultar, restringir o manipular información pública es lesivo del principio republicano y del derecho constitucional a la libertad de expresión”. Además, exigieron la revocación inmediata de las restricciones y reclamaron que se restituya el acceso irrestricto a los periodistas afectados.

El Gobierno justificó la decisión en una investigación de la organización openDemocracy, que habría detectado pagos desde Rusia a medios argentinos para difundir contenido crítico. Sin embargo, la propia editora del informe, Diana Carboni, reconoció públicamente que “no hay pruebas de que esos pagos hayan existido”, debilitando el argumento oficial y alimentando sospechas sobre el trasfondo político de la medida.

El proyecto de declaración lleva la firma de los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión: Germán Martínez, Nicolás Trotta, Raúl Hadad, Sabrina Selva, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano. Los legisladores advirtieron que las restricciones impuestas representan “un mecanismo de censura” que limita el control ciudadano sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Trotta, quien afirmó: “Si el poder decide quién puede preguntar, deja de rendir cuentas. No podemos naturalizar una decisión que debilita el control democrático”. El diputado también señaló que existe un “proceso de degradación muy fuerte” en la relación del Gobierno con la prensa, marcado por descalificaciones persistentes y un discurso que, según él, “es el germen de situaciones de violencia”.

Respecto a la acusación de espionaje ruso, Trotta remarcó que no hay denuncias judiciales ni pruebas concretas que justifiquen semejante sanción contra los medios. En su análisis, aseguró que “la censura ya no se ejerce prohibiendo, sino disciplinando, generando temor y administrando las preguntas”. Incluso apuntó contra la última conferencia del vocero Manuel Adorni, calificándola como “lamentable”.

El escenario abre una nueva crisis institucional en torno al acceso a la información pública y profundiza el debate sobre la deriva autoritaria que denuncian sectores opositores. Por ahora, el Gobierno no dio señales de dar marcha atrás.