Chiqui Tapia y el intento de sumar gente de la política a la AFA

Una disputa institucional volvió a poner en el centro del debate al fútbol argentino luego de que trascendiera que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, impulsó una reforma estatutaria que buscaba incorporar representantes del poder político al Comité Ejecutivo de la entidad. La iniciativa generó controversia porque implicaba abrir la estructura de conducción de la AFA a figuras vinculadas al Estado nacional.

La propuesta formaba parte de una modificación del estatuto realizada en 2024. Allí se establecía la posibilidad de sumar tres representantes del Poder Ejecutivo o del Congreso al Comité Ejecutivo del fútbol argentino. Según el texto de la reforma, estos integrantes tendrían voz dentro de las reuniones del órgano de conducción, aunque no contarían con derecho a voto.

Sin embargo, la iniciativa no llegó a aplicarse. El artículo fue vetado por el entonces titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, quien decidió bloquear la incorporación de representantes políticos dentro de la estructura directiva de la AFA.

La decisión de Vítolo se produjo poco antes de dejar su cargo y formó parte de una serie de resoluciones relacionadas con el control institucional de las entidades que manejan el fútbol profesional argentino. En ese mismo contexto, el funcionario también solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores para revisar la situación administrativa y financiera tanto de la AFA como de la Superliga Argentina de Fútbol.

Según la resolución firmada por Vítolo, existían motivos suficientes para profundizar los controles. Uno de los puntos que llamó la atención fue el funcionamiento de la Superliga, una asociación civil vinculada a la AFA que, de acuerdo con el documento, continuó operando pese a que su estructura debía haber sido disuelta.

El informe también mencionó movimientos financieros por aproximadamente 348 millones de dólares entre 2020 y 2024, vinculados principalmente a contratos de transmisión televisiva. Ese dato encendió alertas sobre la necesidad de analizar con mayor profundidad los balances y los mecanismos de control internos de las organizaciones que administran el fútbol argentino.

Tras la salida de Vítolo, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió públicamente al tema y aseguró que el gobierno avanzará con la designación de veedores en la AFA para revisar los balances considerados irregulares de los últimos años.

Sin embargo, el funcionario no realizó declaraciones sobre la situación de la Superliga, pese a que el informe presentado por la IGJ también incluía cuestionamientos sobre su funcionamiento administrativo y su estructura legal.

Mientras tanto, el intento de reforma impulsado por Tapia volvió a abrir un debate histórico dentro del fútbol argentino: el delicado equilibrio entre la autonomía de las asociaciones deportivas y la influencia del poder político en sus estructuras de conducción.

La discusión, lejos de cerrarse, promete continuar en los próximos meses, especialmente si avanzan las auditorías y revisiones que el Ministerio de Justicia anticipó sobre el manejo institucional y financiero de las entidades que controlan el fútbol profesional en el país.