Se terminó la mentira K: comienza el juicio que podría terminar con el clan kirchnerista en prisión

El próximo 11 de febrero iniciará finalmente el juicio oral por el presunto desvío de más de $200 millones del programa “Sueños Compartidos”, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el kirchnerismo. Se trata de una de las causas de presunta corrupción más emblemáticas de los últimos años, que llega a debate oral en un contexto de extrema urgencia: si no avanza con rapidez, podría prescribir en septiembre.

La investigación, iniciada en 2011, puso bajo la lupa el manejo de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre 2008 y 2011, el Estado giró $748 millones a la fundación para obras distribuidas en distintas provincias y municipios. De ese monto, la Justicia sospecha que al menos $206 millones habrían sido desviados, lo que constituye el núcleo de la imputación que ahora deberá analizar el Tribunal Oral Federal.

El listado de acusados es extenso y alcanza tanto a responsables directos del proyecto como a ex altos funcionarios del gobierno kirchnerista. Entre ellos se encuentran Sergio y Pablo Schoklender, quienes manejaron la operatoria del programa; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y otros ex funcionarios como Abel Fatala. También había sido enviada a juicio Hebe de Bonafini, pero su fallecimiento en 2022 cerró su situación procesal.

El juicio se desarrollará por videoconferencia, un formato elegido para agilizar los tiempos y evitar nuevas postergaciones. Los magistrados tienen una preocupación concreta: el reloj corre, y la causa podría extinguirse por prescripción si no se logra una sentencia antes de septiembre, debido a los plazos legales establecidos en función de la pena máxima del delito que se investiga.

Aunque la causa original incluía un capítulo adicional por presunto lavado de dinero, el tribunal decidió avanzar exclusivamente sobre la acusación por defraudación al Estado, justamente para evitar que el expediente quede sin resolución por el paso del tiempo. La hipótesis de los investigadores es que una parte de los fondos públicos no fue utilizada para construir viviendas, sino que terminó en circuitos financieros y operaciones ajenas al destino estipulado.

El comienzo del juicio marcará un nuevo capítulo en un caso que combinó política, organizaciones sociales, manejo de fondos públicos y una estructura que, según la acusación, funcionó sin controles adecuados. Once años después de iniciada la investigación, la Justicia enfrenta ahora el desafío de llegar a una sentencia antes de que la causa se pierda en el archivo.